Underdog presentó una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos contra funcionarios de Connecticut para impedir que el estado trate sus contratos de mercados de predicción sobre deportes como si fueran juego ilegal.
La compañía busca una declaración judicial y una medida cautelar que le permita seguir operando en Connecticut. Su argumento central es que actúa como un mercado de contratos designado a nivel federal y que, por tanto, la supervisión de esa actividad corresponde de forma exclusiva a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Según la empresa, la actuación de Connecticut carece de base jurídica y además entra en conflicto con el marco federal previsto en la Commodity Exchange Act. En términos prácticos, Underdog sostiene que el estado no puede aplicar su normativa de apuestas deportivas a un producto que, a su juicio, debe considerarse financiero y no una apuesta tradicional.
Qué originó el conflicto
La demanda llega después de que el Department of Consumer Protection (DCP) de Connecticut emitiera órdenes de cese y desistimiento contra nueve plataformas de mercados de predicción, entre ellas Underdog, Polymarket, Coinbase, Crypto.com, Robinhood, ProphetX, Novig, Webull y Gemini.
El estado ordenó a esas empresas dejar de publicitar, promocionar u ofrecer contratos sobre eventos deportivos a residentes de Connecticut. También les exigió facilitar a los usuarios la retirada de sus fondos.
Para las autoridades estatales, estos contratos funcionan en la práctica como apuestas deportivas. Bajo esa interpretación, solo pueden ofrecerse a través de operadores con licencia y sujetos a las reglas técnicas y de cumplimiento que rigen el mercado regulado de apuestas en el estado.
La posición del regulador de Connecticut
El comisionado del DCP, Bryan Cafferelli, afirmó que la legislación estatal es clara y que las apuestas deportivas solo pueden ser ofrecidas por casas autorizadas y bajo estándares regulatorios definidos.
El gobernador Ned Lamont también señaló que los mercados de predicción estaban operando fuera del esquema estatal de protección al consumidor. Ese punto es relevante porque Connecticut vincula su intervención no solo a la legalidad del producto, sino también a obligaciones de control sobre operadores y usuarios.
Entre las preocupaciones planteadas por los reguladores figuran las restricciones de edad, la participación de personas autoexcluidas y la oferta de contratos vinculados a competiciones universitarias. Además, el estado emitió cerca de 30 citaciones dirigidas a procesadores de pago, proveedores tecnológicos, organizaciones de medios y otras entidades como parte de la investigación.
Una disputa que excede a Connecticut
El caso forma parte de un debate más amplio en Estados Unidos sobre cómo deben clasificarse los contratos deportivos de mercados de predicción. La discusión enfrenta dos enfoques regulatorios.
Uno sostiene que estos productos son instrumentos financieros sujetos a supervisión federal.
El otro entiende que su funcionamiento es equivalente al de una apuesta deportiva y, por tanto, debe quedar bajo control de las leyes estatales de juego.
Ese choque de competencias importa especialmente para operadores, reguladores y socios comerciales, porque define quién puede autorizar la actividad, qué requisitos técnicos se aplican, cómo se controla la publicidad y qué medidas de protección al consumidor deben cumplirse.
A comienzos de este mes, Underdog también demandó a Ohio, Massachusetts, Wisconsin, Nuevo México y Washington por acciones estatales similares. Por su parte, Connecticut presentó el mes pasado una demanda contra Kalshi para bloquear la oferta de contratos deportivos de ese operador dentro del estado.
Impacto empresarial
En paralelo al frente regulatorio, Underdog sigue siendo una compañía observada por el mercado. En julio, IG Group anunció un acuerdo para adquirir la empresa por hasta 1.300 millones de dólares. Además, en marzo de 2025, Underdog había captado 70 millones de dólares en una ronda Serie C que valoró la firma en 1.230 millones.
Más allá de esa dimensión corporativa, el litigio puede convertirse en una referencia para futuros casos sobre licencias, competencias regulatorias y límites entre productos financieros y apuestas deportivas en Estados Unidos.
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