En Argentina, un nuevo proyecto legislativo reabrió el debate sobre el alcance de la regulación del juego online en la provincia de Buenos Aires. El senador provincial Federico Fagioli presentó una iniciativa para prohibir las apuestas por internet y dejar sin efecto el esquema de licencias hoy vigente para esa actividad.
La propuesta fue apodada “Ley Lula”, en referencia a la reciente decisión adoptada en Brasil para poner fin al mercado regulado de iGaming. En este caso, el proyecto bonaerense apunta a modificar la Ley 15.079, que regula el juego online en la provincia.
Qué actividades quedarían prohibidas
El texto propone derogar el capítulo de la ley que autoriza el juego online y, con ello, revocar las licencias de las operaciones alcanzadas. De aprobarse, quedarían prohibidas las apuestas deportivas, tanto previas como en vivo, además de juegos de casino online como tragamonedas, ruleta, blackjack y póker.
También se incluirían las apuestas sobre eventos virtuales o juegos cuyo resultado dependa total o principalmente del azar, así como cualquier modalidad en la que una persona arriesgue dinero con expectativa de recibir un premio o un rendimiento económico.
Según la iniciativa, sólo podrían seguir habilitadas las loterías, quinielas y rifas, junto con la venta electrónica de juegos que no incluyan apuestas ni premios en dinero.
Argumentos del proyecto
El senador sostiene que el acceso inmediato, permanente y sin límites geográficos que ofrecen las plataformas digitales obliga a revisar si el modelo regulado actual resulta suficiente para prevenir conductas problemáticas vinculadas al juego.
Desde esa perspectiva, el debate no se limitaría a fijar condiciones de operación para los operadores licenciados. También debería considerar si determinadas formas de juego online son compatibles con la protección de la salud pública, una competencia que corresponde al Estado provincial.
Impacto para operadores y usuarios
Si la norma entrara en vigor, los operadores alcanzados no podrían aceptar nuevos depósitos, recargas ni transferencias destinadas a participar en actividades prohibidas.
Además, dentro de un plazo de 10 días, deberían impedir el inicio de nuevas partidas o sesiones, retirar toda publicidad, promoción, bonos y patrocinios, y bloquear el acceso a los sitios de juego para usuarios ubicados en la provincia de Buenos Aires.
En un segundo plazo, de 30 días, las empresas tendrían que devolver el saldo disponible en cada cuenta de usuario y presentar un informe individualizado ante el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Ese reporte debería detallar saldos, apuestas pendientes, premios y reintegros.
Publicidad y comunicación comercial
Otro punto central del proyecto es la prohibición amplia de la publicidad de apuestas online. La medida alcanzaría acciones de promoción, marketing, patrocinio y cualquier comunicación comercial directa o indirecta que incentive estas actividades.
Esto incluiría campañas con influencers, marketing de afiliados, bonos promocionales y códigos de incentivo. Para el mercado, este apartado es relevante porque no sólo afecta la operación de las plataformas, sino también a anunciantes, medios y terceros vinculados a la captación de usuarios.
Cómo se inserta en el debate legislativo bonaerense
La iniciativa se suma a un escenario legislativo más amplio. En la provincia de Buenos Aires ya circulan más de 22 proyectos en la Cámara de Diputados y al menos tres en el Senado relacionados con apuestas online, regulación y prevención de la ludopatía.
La semana pasada comenzó a discutirse en la cámara baja un proyecto unificado dentro de la comisión que trata temas de juego, loterías y prevención de la adicción al juego.
Sin embargo, a diferencia de otras propuestas en análisis, el texto presentado por Fagioli avanza hacia una prohibición total del juego online regulado. Hasta ahora, las demás iniciativas no planteaban un cierre completo del mercado provincial.
Por qué este proyecto importa
La provincia de Buenos Aires es uno de los mercados más relevantes del país para el juego online regulado. Por eso, cualquier cambio en su marco legal puede tener efectos directos sobre licencias, recaudación, publicidad, protección al consumidor y política pública.
También reabre una discusión de fondo en América Latina: si el camino para reducir riesgos asociados al juego debe pasar por una regulación más estricta o por la prohibición de ciertas verticales digitales. El avance de este proyecto permitirá medir hasta dónde existe consenso político para una decisión de ese alcance.
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