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Casinos Ilegales

China impone pena de muerte a tres miembros de una red criminal vinculada a casinos ilegales en Myanmar

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Tribunales de China condenaron a muerte a tres integrantes de la organización criminal de la familia Wei por su participación en casinos ilegales y complejos dedicados al fraude en el norte de Myanmar. Según las autoridades, la red movió más de 12.200 millones de RMB, unos 1.700 millones de dólares, en fondos vinculados con apuestas ilícitas y estafas, además de estar relacionada con la muerte de cuatro ciudadanos chinos.

Los fallos de primera instancia fueron anunciados el 13 de octubre por tribunales de la provincia de Fujian, tras un juicio celebrado en mayo. Entre los condenados a muerte figuran el líder del grupo, Wei Huairen, su sobrino Chen Dawei y la asociada Liao Jingfang.

Otros tres acusados recibieron cadena perpetua, mientras que 55 personas fueron sentenciadas a penas de entre tres años y tres meses y 24 años de prisión. Las resoluciones también incluyen confiscación de bienes, multas económicas y deportaciones cuando corresponde.

El caso forma parte de la ofensiva más amplia de China contra redes criminales activas en la frontera con Myanmar, especialmente aquellas que mezclan juego ilegal, fraude por telecomunicaciones y violencia organizada.

Control sobre casinos y recintos de fraude

La red Wei operaba en Laukkaing, principal ciudad de la región de Kokang en Myanmar. Allí, la familia mantenía una posición de poder apoyada en negocios locales y estructuras armadas.

Las investigaciones señalan que Wei Huairen, también conocido como Wai San, dirigía el conglomerado Henry Group y controlaba una unidad armada de guardia fronteriza. De acuerdo con los tribunales, esos recursos se utilizaron para proteger actividades criminales y respaldar grupos dedicados al fraude por telecomunicaciones.

Desde 2019, la organización habría desarrollado una red de 14 grandes complejos para estafas. Además de los casinos ilegales, las autoridades la vinculan con tráfico de drogas, extorsión, prostitución y traslado transfronterizo de personas.

Muchos trabajadores eran atraídos con promesas de altos salarios, pero terminaban retenidos en instalaciones con fuerte vigilancia. Algunas víctimas habrían sido llevadas a Myanmar mediante engaño y luego obligadas a participar en fraudes online dirigidos a personas en China y otros países.

Los jueces también establecieron que miembros del grupo colaboraron en el asesinato de dos ciudadanos chinos que se negaron a seguir órdenes. En un caso separado, Chen Dawei habría utilizado personal armado bajo su mando para matar a otras dos personas de nacionalidad china.

Los investigadores indicaron que también hallaron pruebas adicionales de violencia, incluidos restos de víctimas con impactos de bala y señales de inmovilización.

Según el caso judicial, la familia aprovechó su posición dentro de estructuras de seguridad locales para reforzar el control sobre sus negocios ilegales, incluidos centros de fraude y actividades de juego clandestino.

La ofensiva contra las “cuatro familias” de Kokang

La familia Wei era una de las llamadas “cuatro familias” de Kokang, junto con los grupos Bai, Liu y Ming, todos señalados por manejar operaciones criminales de gran escala en el norte de Myanmar.

China intensificó su campaña transfronteriza a finales de 2023 y, en cooperación con autoridades regionales, logró detener a presuntos líderes de estas redes y repatriar a cerca de 60.000 sospechosos chinos vinculados con fraude.

Al inicio, la investigación enfrentó disputas de jurisdicción. Myanmar sostenía que los sospechosos con nacionalidad local debían ser juzgados allí, mientras que Beijing defendía la competencia de sus tribunales por tratarse de delitos dirigidos principalmente contra ciudadanos chinos.

Finalmente, la cooperación bilateral permitió la entrega de personas buscadas, entre ellas Wei Huairen, transferido en enero de 2024.

Estas sentencias se suman a otros procesos recientes contra redes rivales de Kokang. En enero de 2026, China ejecutó a 11 integrantes de la organización Ming. Un mes después, otros cuatro miembros de la familia Bai fueron ejecutados por delitos como fraude y homicidio intencional.

El fundador de la red Ming, Ming Xuechang, murió por suicidio antes de ser detenido.

Para las autoridades chinas, el proceso contra la familia Wei representa otro paso importante en el desmantelamiento de grupos que combinaban apuestas ilegales con fraude transfronterizo.

Un problema que va más allá de Myanmar

El caso también vuelve a poner el foco sobre el alcance internacional de los centros de fraude operados por redes criminales.

Las zonas fronterizas de Myanmar se consolidaron como un punto clave para estas actividades tras la inestabilidad política generada por el golpe militar de 2021. En áreas con escaso control estatal, distintas organizaciones montaron instalaciones donde se realizaban estafas de inversión y engaños sentimentales.

Naciones Unidas estima que cientos de miles de personas trabajan en centros de fraude en todo el mundo. El organismo también ha identificado operaciones similares en África y Sudamérica, lo que muestra la expansión geográfica de este modelo delictivo.

Algunas personas participan voluntariamente en estas redes, pero muchas otras son víctimas de trata, coerción o encierro forzado. Los grupos criminales suelen restringir su movilidad y recurrir a la violencia cuando intentan resistirse.

Las condenas contra la familia Wei reflejan la magnitud de las estructuras perseguidas por China en coordinación con países vecinos. Por ahora, las tres penas de muerte siguen siendo sentencias de primera instancia.

Para los lectores del sector del juego, el caso muestra cómo algunas operaciones ilegales pueden mezclar casinos clandestinos, fraude digital y redes de trata. Antes de usar cualquier plataforma de apuestas o casino online, conviene comprobar si cuenta con licencia válida, qué jurisdicción la regula, cuáles son sus condiciones de pago y qué herramientas ofrece para juego responsable. Además, estos servicios están restringidos a mayores de edad según la normativa aplicable en cada mercado.

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