Brasil obtuvo BRL11,12 mil millones en ingresos públicos procedentes de operadores de juego y apuestas entre enero y septiembre de 2026. La cifra fue presentada por auditores de la Receita Federal y muestra el peso fiscal que había alcanzado el sector regulado antes de la prohibición impulsada por el gobierno federal.
Los datos se conocieron después de la medida adoptada el 25 de septiembre por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que frenó la actividad de apuestas con licencia en el país. En términos interanuales, la recaudación del periodo creció un 55% frente al mismo tramo de 2025.
La recaudación ya superaba todo lo ingresado en 2025
En los primeros nueve meses de 2025, el sector había aportado BRL7,17 mil millones. El salto hasta BRL11,12 mil millones en 2026 reflejaba una expansión rápida de una actividad ya integrada en el sistema tributario federal.
El contraste es aún mayor si se compara con el conjunto de 2025, primer año con un mercado plenamente regulado. Durante todo ese año, Brasil recaudó BRL9,95 mil millones. Es decir, antes de terminar septiembre de 2026, las apuestas ya habían generado más de BRL1,1 mil millones por encima del total del año anterior.
Este desempeño es relevante para el debate regulatorio porque muestra que el mercado no solo tenía impacto empresarial, sino también efectos directos sobre las cuentas públicas. Para operadores y autoridades, la discusión ya no se limita al control del sector, sino también a la pérdida de ingresos fiscales asociada a una interrupción de la actividad legal.
Qué dijo el gobierno sobre el efecto presupuestario
A pesar de estos resultados, funcionarios del área económica sostuvieron que la prohibición no comprometería las cuentas del gobierno. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó que la decisión no afectaría el presupuesto federal.
Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo surgieron señales de cautela. El ministro de Planificación, Bruno Moretti, reconoció que el gobierno seguía con atención la elaboración del presupuesto de 2027 a la luz del cierre del mercado de apuestas.
Antes de la prohibición, la estimación oficial de ingresos para 2026 se situaba entre BRL14 mil millones y BRL15 mil millones. La evolución observada hasta septiembre indicaba que esa previsión podía cumplirse si el mercado hubiera continuado operando bajo el marco regulado.
Riesgos legales y efecto sobre el mercado ilegal
La discusión no se centra solo en la pérdida de recaudación. La medida provisional 1.394, utilizada para prohibir las apuestas en Brasil, ya enfrenta cuestionamientos jurídicos. Además, existe la posibilidad de reclamaciones de compensación por parte de empresas afectadas, con montos que podrían exceder ampliamente lo recaudado por el Estado en 2026.
Otro punto sensible es el posible desplazamiento de la demanda hacia operadores ilegales. Cuando se restringe la oferta con licencia, las plataformas clandestinas pueden seguir captando usuarios sin someterse a obligaciones fiscales, controles regulatorios o reglas de juego responsable.
Desde una perspectiva de política pública, este escenario plantea varios efectos:
- menor recaudación para el Estado;
- más dificultad para supervisar a los operadores;
- menos protección para jugadores y consumidores;
- mayor presión sobre la aplicación de normas contra la oferta ilegal.
El caso brasileño vuelve a poner sobre la mesa un debate habitual en regulación del juego: cómo equilibrar objetivos políticos y sociales con la necesidad de mantener un mercado supervisado, fiscalizado y capaz de limitar la expansión de la oferta no autorizada.
